dimarts, 10 de maig del 2016

Una “trampa” para limitar la capacidad legislativa de los estados

Uno de los documentos filtrados por Greenpeace condiciona el derecho a regular en el sector servicios a que se ejecuten “políticas públicas legítimas”, pero no incluye una definición sobre este término, que queda convenientemente abierto a la interpretación de gobiernos y corporaciones.


La Comisión Europea intenta achicar agua tras la revelación de parte de los documentos secretos del TTIP, pero el análisis de las casi 250 páginas filtradas este lunes amplía la brecha y sirve de altavoz a organizaciones civiles, sindicatos y partidos políticos, que alertan de que el polémico acuerdo restará soberanía a los estados para entregársela a las corporaciones.

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