La decisión del máximo tribunal de derogar la ley de amnistía, coloca a El Salvador ante la disyuntiva de si conviene al país enjuiciar a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil.
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| Residentes de La Hacienda, en el central departamento de La Paz, en El Salvador, sostienen los retratos de las cuatro religiosas estadounidenses asesinadas en 1980 por elementos de la Guardia Nacional, durante los actos en diciembre de 2015 para conmemorar los 35 años del crimen en el lugar de su ejecución. La decisión del máximo tribunal de derogar la ley de amnistía, coloca a El Salvador ante la disyuntiva de si conviene al país enjuiciar a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil. También pone en evidencia que tras más de dos décadas del fin del conflicto, en 1992, la reconciliación aún no llega a este país centroamericano, de 6,3 millones de habitantes. En el centro del debate está la imperiosa necesidad de llevar justicia a las víctimas de crímenes de guerra, y por otro lado, la inmensa tarea que ello supone y lo difícil de lograrlo: abrir casos con más de dos décadas de antigüedad, con evidencias alteradas, en el caso de haberlas, o extraviadas, y testigos ya fallecidos. seguir leyendo en ipsnoticias |
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