Decreto de mandatario Mauricio Macri permite expulsar en trámite sumario a cualquier extranjero acusado en una investigación penal o quienes hayan ingresado al país de manera irregular. Gobierno sostiene que medidas son necesarias frente a los “fenómenos actuales como la globalización, la internacionalización del turismo y el crecimiento del crimen organizado internacional”.
La medida del gobierno argentino de endurecer la política para los inmigrantes y establecer la expulsión exprés para acusados de delitos o en situación irregular recibe críticas por criminalizar a los extranjeros y romper una política para el sector aplaudida internacionalmente.
Argentina es considerado, precisamente, un país de inmigrantes porque la mayor parte de la población desciende de los extranjeros que masivamente llegaron a fines del siglo XIX y principios del XX.
Además, mucho más recientemente, a fines de 2003, se sancionó una Ley de Migraciones que fue calificada como “un ejemplo mundial” por el entonces director de la Organización Internacional para las Migraciones, Brunson Mc Kinley.
Esa norma, entre otras cosas, garantiza el derecho a la atención sanitaria y a la asistencia social a todos los extranjeros, sin importar su situación migratoria. Sin embargo, muchos creen que esa realidad ha cambiado abruptamente el 30 de enero, a partir de una decisión del gobierno.
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