El 31 de agosto pasado, Brasil sufrió un quiebre institucional producto de un proceso de destitución al que fue sometida Dilma Rousseff, presidenta elegida, cuya culpabilidad es cada vez más puesta en duda, sobre todo porque su juicio político se pareció más a la pérdida de mayoría parlamentaria o a un golpe parlamentario, que a un proceso. Si le preguntan a un brasileño en la calle, dirá que no sabe el motivo por el cual Dilma fue sacada del poder. Tal vez diga que está involucrada en la Operación Lava Jato. Pero no. Nunca fue citada, ni siquiera mencionada por delincuentes confesos ni por delatores.
Temer aparece fragilizado en los últimos días porque ejecutivos de Odebrecht y hasta su mejor amigo, el abogado José Yunes, señalaron que hubo sobornos para el PMDB. Se sospecha que los $ 3 millones pedidos por Temer a Odebrecht fueron para pagarles a 140 diputados para que aprobaran el juicio político contra Rousseff.
La corrupción puede costarle el cargo al presidente Michel Temer.
La narrativa, arropada por los grandes medios de prensa, está cada vez más frágil, producto de la cual el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, del PT y quien fue blanco de acusaciones y está procesado bajo la sombra de la persecución, es el favorito en las encuestas para 2018.
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