La corrupción es inherente al sistema político nacional, permite concluir la abrumadora oleada de denuncias que empezó a trascender de la colaboración judicial de Odebrecht, conglomerado empresarial encabezado por la mayor constructora de Brasil.
Pero es una conclusión sesgada, que diluye responsabilidades personales y favorece la impunidad. Tanto políticos que recibieron sobornos como los empresarios que las ofrecieron se dijeron forzados por las reglas del juego, unos para suplir desventajas electorales, otros como única vía para obtener contratos públicos.
Setenta y siete dirigentes y exdirigentes de Odebrecht aceptaron revelar lo que saben de la delictuosa relación que mantuvieron con los políticos en los 10 últimos años, por lo menos. Se estima que unos 200 parlamentarios y gobernantes están en su lista de “beneficiarios”.
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| Una de las convulsas sesiones de la Cámara de Diputados de Brasil. Buena parte de los parlamentarios del país están bajo sospecha o encausados por corrupción. |
La operación creció al identificar la desviación de abultadas sumas de los grandes proyectos del grupo petrolero estatal Petrobras, a través de la complicidad entre directores de esa petrolera, políticos y empresas que conquistaron grandes negocios públicos.
Miles de millones de dólares artillaron las campañas electorales de los grandes y medianos partidos para eternizarlos en el gobierno, consagraron coaliciones y persuadieron parlamentarios a aprobar leyes y enmiendas de interés de las empresas donantes.
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