"El crucifijo pertenece a la historia y a la cultura de España", solía repetir cuando se le preguntaba sobre la cuestión Antonio María Rouco Varela, arzobispo del Madrid entre 1994 y 2014 y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) cuatro legislaturas. Para otros observadores, como el teólogo Juan José Tamayo, la omnipresencia de este elemento religioso es un ejemplo de que "la democracia española es rehén de la jerarquía católica".
Tamayo, director de la cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones en la Universidad Carlos III, denuncia que "desde la Transición lo que han hecho los diferentes partidos que en el Gobierno ha sido dotar a la Iglesia de cada vez más privilegios esperando una rentabilidad en apoyo político".
Estos privilegios, símbolo de que la Iglesia católica sigue incrustada en el Estado, se dejan notar en varias áreas, empezando por la propia Monarquía.
El artículo 16.3 de la constitución establece la aconfesionalidad del Estado, estipulando que ninguna religión podrá tener carácter estatal. Sin embargo, el artículo 61 del texto contradice directamente este precepto, al establecer que el debe jurar su cargo. No se contempla la fórmula de la promesa, y tampoco para el príncipe heredero o los regentes del reino.
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