Una de las principales funciones de un sistema jurídico es proporcionar orden en el que, de otra manera, sería un mundo desordenado. El problema de un sistema jurídico no bien administrado o no bien explicado es que, cuando menos, puede generar confusión e indignación. Esta es la situación en la que nos encontramos miles de ciudadanos en estos días al contemplar algunas de las sentencias judiciales y las injerencias del Gobierno en la Fiscalía.
Es una evidencia constatable que la frase “todos los ciudadanos son iguales ante la ley” no se la cree la gente -la realidad lo demuestra-; puede ser una cita pretendidamente correcta, pero no creíble para la ciudadanía; a diario percibe que la corrupción política, financiera y económica recorre nuestro país como una endemia, con muy mal pronóstico para alcanzar su erradicación y con una evidencia palpable de que los que tienen el poder y el dinero, a la postre, son impunes ante la ley. Y lo más triste es que cunde la resignación ciudadana hasta asumir como un mal inevitable y una sensación de impotencia generalizada con un “Esto es lo que hay”; o lo que es lo mismo: ver, callar, obedecer, bajar la cabeza… porque lo que puede venir, con el partido popular en el poder, seguro que es peor.
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