Las instituciones europeas, con el Banco Central Europeo (BCE) a la cabeza, defendieron y defienden que no había alternativa; que las entidades bancarias que se derrumbaron durante la crisis debían ser rescatadas con dinero público, y entre 2008 y 2015 esa inyección económica ya se había tragado cerca de 747.000 millones de euros, sumando distintos tipos de paquetes de rescate, recapitalizaciones y otras medidas. Un coste, en su mayoría financiado con la emisión de deuda pública, al que se suman 1,188 billones de euros comprometidos en avales sobre la deuda emitida por las entidades financieras, por lo que el montante total subiría considerablemente.
En España, donde la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre las posibles responsabilidades de las entidades financieras durante la crisis será sometida a votación en el Congreso de los Diputados este miércoles, las cifras son impactantes. Aunque el Ejecutivo de Mariano Rajoy sigue negando hasta la saciedad la existencia del rescate bancario, un reciente informe del Tribunal de Cuentas cifraba su coste en 60.718 millones.
Según Erostat, al menos 45.500 millones del dinero público de los españoles invertido en estos rescates ya puede darse por perdido, una cifra sólo sobrepasada en la UE por Irlanda, con 46.600 millones, y muy superior del tercero en el ránking, Grecia, que ha perdido 29.800 millones de euros.
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