La alimentación no es hoy un derecho garantizado. El creciente monopolio del sector agroalimentario supedita la necesidad de comer al lucro económico. Unas pocas empresas transnacionales controlan cada uno de los tramos de la cadena alimentaria, desde la producción en origen pasando por la transformación hasta la distribución final, consiguiendo enormes beneficios gracias a un modelo agroindustrial liberalizado y desregularizado.
Se trata de un monopolio que les permite ejercer un fuerte control a la hora de determinar qué consumimos, a qué precio, de quién procede, cómo ha sido elaborado, a la vez que cuentan con el apoyo explícito de gobiernos e instituciones internacionales que anteponen los beneficios de estas empresas a las necesidades alimentarias de las personas y el respeto al medio ambiente.
Pero no solo la comida se ha convertido en un bien al servicio del mejor postor, los recursos naturales que deben de garantizar la producción de alimentos, como el agua, las semillas, la tierra…, que durante siglos habían pertenecido a las comunidades, han sido expoliados y privatizados. Esto impide el libre acceso de los pueblos a la producción y al consumo de alimentos. El derecho a la alimentación está hoy en manos de las multinacionales de la industria agroalimentaria. Trabajar la tierra, plantar las semillas, acceder al agua, comer alimentos libres de transgénicos y sin pesticidas… no es hoy una opción al alcance de campesinos y consumidores.
En este contexto, es imprescindible reivindicar nuestro derecho a la soberanía alimentaria: que los pueblos puedan decidir sus políticas agrícolas y de alimentación, que puedan proteger y regular la producción y el comercio agrícola interior con el objetivo de conseguir un desarrollo sostenible y garantizar la seguridad alimentaria.
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