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miércoles, 26 de abril de 2017

¿Qué pinta el Canal de Isabel II en Colombia?



Devolver todos los bienes, infraestructura e información necesarios al gobierno municipal. Es el dictamen de un juzgado de Colombia, que hace un par de meses ordenó a Metroagua, la filial del Canal de Isabel II en la ciudad de Santa Marta, transferir la gestión del suministro y saneamiento del agua a la administración de ese municipio colombiano. 
Así concluye un proceso judicial contra la compañía que tiene su origen en las continuadas denuncias por mala prestación del servicio durante quince años. Numerosos cortes de agua, desbordamiento de aguas residuales del alcantarillado, deficiente calidad del agua, falta de extensión del servicio a toda la población… han ido creando un contexto de confrontación entre la ciudadanía y los gobiernos locales, así como entre ambos y Metroagua.





Ahora que termina el plazo para devolver la gestión de la empresa al municipio —la fecha límite es el 17 de abril—, precisamente el día en que finaliza el contrato firmado por el Canal de Isabel II, nos preguntamos: ¿qué pinta la empresa pública de agua de Madrid gestionando otras compañías privadas en países como Colombia? ¿Qué impactos ha tenido allí? ¿Por qué un juzgado ha ordenado la entrega del servicio justo cuando acababa el contrato con el municipio? ¿Qué planteamientos pueden hacerse a partir de ahora para su gestión? Y, en el caso español, ¿hay ejemplos similares?

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