En nombre de las “comunidades de paz” colombianas, una coalición de organizaciones de defensa de los derechos humanos –compuesta por ‘International Human Rights Clinic at Harvard Law School, la Federación Interncional de Ligas de los derechos Humanos (FIDH) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)- ha pedido al Fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI) que investigue la presunta complicidad de los dirigentes de la compañía Chiquita –la mayor productora y distribuidora mundial de bananas- en crímenes contra la humanidad.
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| Colombia, paramilitares de la AUC
A fecha 18 de mayo de 2017 ninguno de lo dirigentes ha sido procesado mientras que la compañía admite haber pagado millones de dólares a los paramilitares, culpables de asesinatos, violaciones y desapariciones de civiles, según un comunicado de la FIDH.
En su petición al Tribunal, la coalición de organizaciones utiliza documentos internos de Chiquita para demostrar la implicación de sus dirigentes en la financiación de actividades de los paramilitares entre 1997 y 2004, pagos que continuaron incluso después de que la Secretaría de Estado de Justicia estadounidense los declarara ilegales.
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