Cualquier estrategia dirigida a cambiar el sistema político, económico y social en Cuba, ya sea la que pretenda lograrlo a través de presiones e imposiciones, o empleando métodos más sutiles, estará condenada al fracaso.
El 16 de junio de 2017, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un discurso cargado de una retórica hostil, que rememoró los tiempos de la confrontación abierta con nuestro país, pronunciado en un teatro de Miami, anunció la política de su gobierno hacia Cuba que revierte avances alcanzados en los dos últimos años, después que el 17 de diciembre de 2014 los presidentes Raúl Castro Ruz y Barack Obama dieran a conocer la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas e iniciar un proceso hacia la normalización de los vínculos bilaterales.
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En lo que constituye un retroceso en las relaciones entre los dos países, Trump pronunció un discurso y firmó en el propio acto una directiva de política denominada “Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba” disponiendo la eliminación de los intercambios educacionales “pueblo a pueblo” a título individual y una mayor fiscalización de los viajeros estadounidenses a Cuba, así como la prohibición de las transacciones económicas, comerciales y financieras de compañías norteamericanas con empresas cubanas vinculadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los servicios de inteligencia y seguridad, todo ello con el pretendido objetivo de privarnos de ingresos. El mandatario estadounidense justificó esta política con supuestas preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y la necesidad de aplicar rigurosamente las leyes del bloqueo, condicionando su levantamiento, así como cualquier mejoría en las relaciones bilaterales, a que nuestro país realice cambios inherentes a su ordenamiento constitucional.
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