Además de las acusaciones a grandes líderes populares latinoamericanos como Lula y Cristina de supuesto involucramiento con casos de corrupción, para intentar pasar la idea de que todos los políticos son corruptos, otras acusaciones, igualmente significativas, intentan criminalizar los actos de gobierno.
En el caso de Cristina, se intenta transformar en caso judicial la política cambiaria de su gobierno, que puede ser discutida como política de gobierno, pero nunca criminalizada. Para hacerlo, intentan pasar la idea de que esa política habría traído ventajas financieras para la ex-presidenta y para su ex-ministro de economía. Se trata de ir acumulando sospechas que, aunque sin fundamento, vayan generando niveles de rechazo a grandes líderes populares, para intentar ponerles techo a su popularidad e ir generando una imagen de involucramiento con irregularidades.
En el caso de Lula pasa algo igual. Como no han encontrado ninguna prueba de algún tipo de involucramiento con corrupción y su popularidad no deja de crecer, buscan condenarlo no con pruebas, como confiesan que no tienen, sino con “convicciones”, como si estas pudieran fundamentar alguna condena judicial. En contra de Lula se agregan políticas de su gobierno, de promoción de los intereses de empresas brasileñas, con financiamientos públicos y con promoción internacional de esas empresas
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