Aunque las congresistas fujmoristas Luz Salgado y Karina Beteta han salido ya a denigrar la movilización convocada para el próximo viernes 7 de julio, ella será la expresión multitudinaria de un pueblo que rechaza la impunidad y la colusión con la mafia. En Lima, y en todo el país, centenares de miles de personas dirán ¡NO! al supuesto “indulto” que se trama en las sombras y que busca favorecer a Alberto Fujimori, condenado a sólo 25 años de pena privativa de la libertad, cuando bien habría merecido Cadena Perpetua.
Y es que los delitos que se configuraron en el proceso incoado contra el Dictador en el 2009 cuando fuera devuelto al Perú luego de su precipitada fuga en noviembre del año 2000; fueron extremadamente graves: alevosos crímenes, como La Cantuta, Barrios Altos, Pativilca, Huancayo, Huaral y otros; secuestros con modalidades agravantes; desaparición forzada de personas; ejecuciones extrajudiciales; Terrorismo de Estado; y -como no- apropiación ilícita de fondos públicos, robo agravado, peculado, y otros de orden financiero y administrativo. Calculados los bienes y recursos sustraídos, los especialistas hablaron de alrededor de seis mil millones de dólares como un total aproximado de los daños inferidos al Estado y a la Sociedad Peruana, por él y sus cómplices, algunos de ellos alevosamente fugados.
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