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domingo, 2 de julio de 2017

Derechos de reunión y expresión en España: 34 000 sanciones en 2016


Amnistía Internacional ha presentado en Madrid un análisis sobre los dos años de vigencia de la Ley Orgánica de protección de la Seguridad Ciudadana “España: los activistas sociales y el derecho a la información, en el punto de mira”. La organización exige la modificación urgente de esta Ley porque amordaza el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información. Sólo en 2016, Amnistía Internacional calcula que alrededor de 34 000 sanciones podrían haberse impuesto por el ejercicio de estos derechos.

En este análisis, la organización concluye que esta Ley se está utilizando contra el activismo social y específicamente contra activistas que defienden el derecho a la vivienda obstaculizando su derecho a expresar sus reivindicaciones de manera pacífica.




Más de 12 000 sanciones de 2016 corresponden a la infracción prevista en el artículo 36.6 de la LOSC que considera grave “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”, y se castiga con una multa cuya horquilla es de 601 hasta 30 000 euros. Algunas de las sanciones se han impuesto en el contexto de manifestaciones o actos de protesta, en los que no ha habido ningún tipo de incidente violento o altercado, o en el ejercicio de la libertad de expresión, o por ejercer el derecho de información.

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