“Un árbol no tiene ningún significado para una empresa”, afirmó Mirian Cisneros, presidenta kichwa de la comunidad amazónica de Sarayaku. Pero ese mismo árbol tiene gran sentido para Mirian y su comunidad, pues “si se corta un árbol, se corta la casa de los espíritus sagrados”. En su relato resonó la larga y compleja lucha de su comunidad contra el Estado ecuatoriano y la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC). Durante el neoliberalismo dicha empresa entró en territorio de la comunidad a buscar petróleo sin autorización de la comunidad y, con complicidad del Estado, colocó a la fuerza casi una tonelada de pentolita (un poderoso explosivo utilizado en la prospección sísmica).
La resistencia de Sarayaku paró la actividad petrolera. En 2003 sus habitantes denunciaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llegando a la Corte Interamericana en 2010. Dos años después, este máximo tribunal resolvió a favor de Sarayaku, un pequeño poblado amazónico que aún resiste a las petroleras y al Estado . Pero a pesar de dichas resoluciones, el gobierno de Rafael Correa -atropellando de nuevo la voluntad de Sarayaku- entregó parte de su territorio a la petrolera china Petroandes.
El testimonio de Miriam Cisneros dio base para que el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza construyera, junto con otros casos de destrucción ambiental en el mundo, su veredicto en contra de varios Estados irresponsables. Este Tribunal sesionó el 7 y 8 de noviembre en Bonn, en paralelo a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP-23). Y allí se condenó varias violaciones a los Derechos de la Naturaleza y a los Derechos Humanos en Alemania, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, España, EEUU, Guayana Francesa, Isla Mauricio, Nigeria, Perú, Rusia, Sudáfrica, Suecia.
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