La opacidad que ofrecen los paraísos fiscales son la herramienta perfecta para los fondos de inversión que especulan y asfixian a muchos Estados.
Apenas unos días después de que los Paradise Papers revelaran cómo las grandes fortunas utilizan los paraísos fiscales para eludir impuestos, los Panama Papers volvían al primer plano de la actualidad con los registros de las sedes de Dexia SA y Belfius, llevado a cabo por la unidad antifraude de la policía federal belga, en los que se recopilaron abundantes datos informáticos que permitirían evaluar la magnitud de la evasión fiscal organizada por Dexia. En 2016, los Panama Papers demostraron que una de sus filiales, Experta, había creado más de 1.600 sociedades offshore destinadas a que ricos clientes belgas eludieran el fisco, al tiempo que Dexia era objeto de rescate por parte de los contribuyentes belgas, franceses y luxemburgueses.
Estas prácticas, llamadas discretamente “de optimización fiscal”, podrían no solo ser ilegítimas, en la medida en que atropellan el interés general, sino también ilegales. Recordemos a este respecto que no es exacto oponer el fraude fiscal (que sigue siendo ilegal) a la evasión fiscal, como si esta última aunque ilegítima fuera necesariamente lícita.
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