A casi un año y medio desde la firma del Acuerdo Final de Paz, en noviembre de 2016, la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos de Colombia, Paula Gaviria Betancur, opina que el impacto sobre los derechos humanos del fin del conflicto es real y tangible: “la reducción de los indicadores más significativos en materia de homicidios, desplazamientos, desapariciones y reclutamientos son importantes”. Sin embargo, la funcionara colombiana admite que el asesinato de 111 líderes sociales (defensores de derechos humanos) desde la firma del pacto es el problema más grave al que tiene que hacer frente al gobierno. Gaviria Betancur estuvo de visita en Argentina invitada por Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, para brindar una conferencia sobre el rol de las víctimas en el proceso de paz.
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“La abstención en Colombia es muy alta. A mí me importa sobre todo el que no votó”, señala Gaviria Betancur.
La implementación de las disposiciones previstas en el acuerdo es en una primera fase de 15 años. Entonces, todavía hay un camino por recorrer, pero hay una Colombia que está esperando que los resultados sean más evidentes. Y nuestra mirada del tema es que ya lo son. Todo el tema del desarme es exitoso: casi 10.000 armas entregadas, 12.400 de hombres y mujeres desmovilizados, 135 menores entregados. Hay unos resultados tangibles del fin del conflicto muy positivos para Colombia. Además, ya está empezando a funcionar el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición, que es el escenario donde todos los actores del conflicto tendrán que rendir cuentas. Tenemos, además, avances significativos en el reconocimiento de las víctimas que incluso empezó antes del fin del conflicto con las FARC, un número importante, también, de restos de personas desaparecidas entregadas a sus familiares, de víctimas de desaparición indemnizadas, de víctimas de otros delitos indemnizadas. Sin embargo, hay una expectativa muy grande de las víctimas porque empiezan a funcionar estas entidades nuevas.
El desafío número uno es el asesinato de líderes sociales. Lo reconocemos como un tema que nos está poniendo una exigencia muy importante, una tarea de garantías y protección, y de confianza de la gente en el proceso
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