Era evidente que la negativa de la derecha a suscribir el acuerdo comprometía las elecciones presidenciales, que en ese momento estaban programadas para el 22 de abril –posteriormente se fijarían para el próximo 20 de mayo- pero que el calendario establecía que debían llevarse a cabo a lo largo de 2018, año en el que expira el mandato de Maduro, iniciado en 2013.
La celebración de los comicios no era una cuestión menor. El chavismo ha pivotado su discurso en la legitimación electoral: 27 citas con las urnas –entre elecciones y diferentes referendos- desde 1998. Es el pueblo venezolano quien en última instancia elige al presidente y al resto de cargos electos. Y, aunque la derecha utiliza de forma recurrente las acusaciones de fraude, nunca ha puesto sobre la mesa pruebas concluyentes al respecto. Más parece una estrategia propagandística que una denuncia real.
La derecha, por tanto, renunciaba a la vía electoral para conseguir su objetivo de derrocar a Maduro. No era la primera vez que optaba por el absentismo electoral. En 2005, boicoteó las elecciones parlamentarias y hace menos de un año tampoco concurrió a los comicios para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente. En ambos casos, sus previsiones de que una postura de fuerza conllevaría un escenario negativo para el chavismo fracasaron. Ya había precedentes. De 2005 a 2010 una Asamblea compuesta tan sólo por diputados chavistas legisló durante todo el periodo completo y lo mismo está haciendo ahora la Asamblea Constituyente.
Analizada con perspectiva, la estrategia actual de la derecha es coherente con lo que ha sido su trayectoria desde que Hugo Chávez ganara sus primeras elecciones en 1998. Más allá de la eficacia de sus decisiones, lo cierto es que el abandono de la vía legal y la opción por caminos alegales o, incluso, abiertamente ilegales ha sido recurrente. El golpe de Estado de 2002 o el sabotaje a la industria petrolera entre ese mismo año y el siguiente -con unas pérdidas por la paralización de la venta de crudo estimadas en más de 3.500 millones de dólares y una contracción del PIB del 9,2%, según cifras del Banco Central de Venezuela-3, fueron las primeras acciones en este sentido. Los movimientos de desestabilización callejera de 2014 y 2017 –las denominadas “guarimbas”, en la jerga local- y su corolario de asesinatos eran una continuación de las mismas acciones alegales/ilegales, ahora bajo la Presidencia de Nicolás Maduro. El boicot a los comicios del 20 de mayo es el último peldaño de una misma escalera estratégica.
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