“Los defensores de las personas en movimiento se enfrentan a restricciones sin precedentes, incluidas amenazas y agresiones, denuncias en el discurso público y criminalización. En concreto, se ha detenido y acusado de contrabando de personas a defensores que han salido al mar para rescatar a otras personas en movimiento, y se les han embargado embarcaciones”. En su informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado 23 de marzo, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, Michel Forst, apuntalaba con estas palabras la preocupación que diferentes organizaciones sociales tienen frente a la creciente criminalización de la solidaridad con las personas migrantes y refugiadas en tierra europea.
Y es que hoy las diferentes normas penales y administrativas lo mismo se aplican a vecinos y vecinas del valle del Roya, situado en la frontera francoitaliana, que a estudiantes, personas jubiladas, agricultores, bomberos o a misiones de salvamento marítimo. Se extienden tanto a acciones de ayuda humanitaria y sensibilización con ONG como Proactiva Open Arms, Salvamento Marítimo Humanitario o Proem-Aid, como a personas concretas como la activista española Helena Maleno, el sacerdote eritreo Mussie Zerai o el agricultor francés Cédric Herrou.
Ya dice el Relator de la ONU en el informe mencionado que “el simple acto de ofrecer té y galletas a un inmigrante irregular ha sido motivo de enjuiciamiento penal”
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