Las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 20 de mayo en Venezuela son presentadas, por buena parte de la comunidad internacional, como un ejercicio electoral ilegal e ilegítimo. Esta lectura no es nueva y enlaza con discursos, decisiones y prácticas de distintos actores internacionales sobre la democracia venezolana, cuestionando el sistema electoral y su calidad democrática. Dichos actores, caracterizados por intereses materiales y geopolíticos que chocan con los del Gobierno venezolano, se han dedicado a difundir ante la opinión pública mundial un determinado sentido común sobre la democracia, la libertad y los derechos humanos (DDHH). Se repiten experiencias previas, se repite la respuesta desde el sector público-privado estadounidense y los intereses vinculados a las élites locales: cualquier proceso que trate de cuestionar el statu quo, que ponga límites a su funcionamiento o que intente formas de democracia distintas a las de la democracia liberal procedimental hegemónica, es presentado como fallido y/o antidemocrático, de tal manera que arraigue la idea de que “no hay alternativa” al sistema económico y político existente.
Los escenarios están abiertos y la volatilidad presentada por la administración Trump en su toma de decisiones, así como su inestabilidad interna fruto de los continuos cambios en el Gabinete, no permite apuntar a líneas de resolución claras en un sentido u otro. El nombramiento de un nuevo secretario de Estado procedente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y militar de carrera podría dar algunas pistas, pero él es solamente un actor más en la toma de decisiones. Distintas maneras de volver a poner a Venezuela en el “redil de los buenos” entran en pugna, incluso dentro de EEUU, y la retórica beligerante no necesariamente ayuda al pragmatismo necesario para seguir haciendo negocios con el país que tiene las principales reservas probadas de petróleo del mundo.
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