Tal como he venido señalando en artículos anteriores la oposición venezolana, desde mediados del año 2016, durante todo el año 2017 y al inicio de este 2018, mantuvo entre sus consignas centrales la exigencia de unas elecciones presidenciales adelantadas, a las cuales incluso se les llegó a poner como fecha el 22 de abril de 2018, tal como consta en la cláusula 2 del proyecto de acuerdo que Julio Borges se negase a firmar en la República Dominicana, el día 6 de febrero del presente año.
Testigo de excepción de este último acontecimiento fue el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien habiendo fungido de facilitador del proceso de diálogo gobierno-oposición durante dos años, lo asentó al día siguiente en una carta dirigida a Borges en su condición de jefe de la delegación opositora (1), en la cual señalaba entre otras cosas: "Es por ello que le pido, pensando en la paz y la democracia, que su organización suscriba formalmente el acuerdo que le remito, una vez que el gobierno se ha comprometido a respetar escrupulosamente lo acordado".
He traído a colación estos hechos, a riesgo de ser considerado altamente reiterativo, porque juzgo necesario dejar absolutamente sentado que la oposición estaba de acuerdo en suscribir el documento al que se dio el nombre de "Acuerdo de convivencia democrática por Venezuela en Santo Domingo", siendo un hecho indubitable que estaba dispuesta a competir electoralmente en la fecha en él acordada. Si llegado el momento de firmarlo su representante no lo hizo, sin haber dado aviso alguno ni a su contraparte gubernamental ni a los garantes, que se quedaron esperándolo, es porque momentos antes de tener que hacerlo recibió una orden en contrario del amo imperial; siendo totalmente verosímil que la orden le haya sido transmitida por el entonces canciller Rex Tillerson desde Colombia, tal como lo ha asegurado el jefe de la delegación del gobierno, el ministro Jorge Rodríguez
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