"Aquí nadie tiene en mente hacer registros basándose en etnias porque sería, ante todo, inconstitucional al ser totalmente discriminatorio". No son palabras de ningún colectivo en defensa de las personas gitanas ni ninguna ONG, sino de Giuseppe Conte, primer ministro de un Gobierno del que el ultraderechista Matteo Salvini es vicepresidente.
Tras el sonado rechazo al buque Aquarius, el también ministro del Interior italiano sorprendió el pasado lunes con una nueva polémica al proponer la elaboración de un censo de la población gitana. Sugirió expulsar a "los irregulares". "A los italianos, por desgracia, hay que quedárselos", dijo.
Sin embargo, son varias las voces que, como Conte, han recordado que las leyes italianas no permiten un registro de carácter étnico. Así lo consideró la justicia italiana, que determinó que una medida similar del Gobierno de Silvio Berlusconi era discriminatoria. Como señala el propio primer ministro, la Constitución italiana establece que "todos los ciudadanos tienen igual dignidad social y son iguales ante la ley sin distinción de sexo, raza, lengua, religión, opiniones políticas, condiciones personales y sociales".
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