En Brasil comenzó la actual ofensiva neoliberal que recorre América Latina y el Caribe. Primero, fue a través de las presiones sufridas por el Gobierno de Dilma Rouseff durante el comienzo de su segundo mandato; cuando esta se negó a seguir dando juego a la agenda neoliberal, el siguiente paso fue su destitución.
Una vez Rousseff fuera de juego y alzado Temer en la presidencia, el siguiente paso fue socavar la buena imagen del ex-presidente Lula da Silva, acusándolo de corrupción para que finalmente acabara en la cárcel. Sin embargo, lejos de socavar su popularidad, han sido muchos los brasileños que han visto la falta de transparencia durante todo el proceso y sus apoyos no han hecho más que crecer en los últimos meses. La última encuesta realizada por CNI-Ibope y publicada el pasado jueves muestra que Lula da Silva lidera la misma con el apoyo del 33% del electorado, mientras que sus más inmediatos contrincantes -Jair Bolsonaro (15%) y Marina Silva (7%)[1]- quedan a mucha distancia.
El objetivo último es evitar cualquier posibilidad de que un Gobierno progresista vuelva a ganar las elecciones presidenciales, en octubre de este año, y para esto es necesario eliminar la candidatura del ex-presidente Lula. La esperanza de que vuelva el orden democrático a Brasil y todos los candidatos puedan ejercer su derecho a ser elegidos aún no está perdida, aunque está claro que las oligarquías económicas harán todo lo posible para evitarlo.
Los años de (des)gobierno de la derecha han supuesto la destrucción a gran velocidad los avances sociales alcanzados durante los gobiernos del Partido dos Trabalhadores (PT) dejando claro que resulta imprescindible establecer marcos institucionales diferentes para profundizar las reformas democráticas y construir irreversibilidad relativa de los avances.
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