Durante la elección de Miguel Díaz-Canel como presidente del Consejo de Estado y de Ministros de la República de Cuba en abril pasado, se anunció un proceso de reforma constitucional que ha empezado a tomar forma en estos días. En las sesiones que han tenido lugar entre el 20 y 22 de julio, en el marco del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), se ha discutido el Anteproyecto de reforma de la Constitución promulgada en 1976 pero modificada con posterioridad en 1978, 1992 y 2002.[1] Sin embargo, esta no es una reforma más de la Constitución cubana sino que se trata –tal como lo advirtió uno de los miembros de la Comisión de Reforma Constitucional, Homero Acosta– de formular “una nueva Constitución con alcance superior”, no una mera reforma parcial de la Constitución de 1976.
Ciertamente, se trata de una reforma constitucional que incluye algunas modificaciones cualitativas en materia de fundamentos y principios económico-políticos del Estado, en términos de derechos humanos y garantías, así como en lo concerniente a la organización estatal. Aunque hay artículos denominados “pétreos”, que tienen que ver con el sistema político-social y económico revolucionario, que no variará en su esencia socialista, o con la dirección política del PCC, que tampoco se sustituirá, sí se han establecido ciertos “ajustes” a estos elementos y al texto en general, que pasará a tener también nuevos artículos y títulos.
Algunos de los cambios que han generado mayor revuelo son los relativos a los derechos de propiedad; la modificación del artículo 5 sustituyendo los “altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista” por “la construcción de la sociedad socialista”, suprimiendo la alusión al avance hacia el comunismo en la propuesta de nueva Constitución; y lo relativo a la ampliación de libertades y derechos, que incluye la posibilidad de reconocimiento a futuro del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo o la incorporación a la Constitución del “habeas corpus”, entre otra variedad amplia de derechos.
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