"Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no". Las palabras corresponden a la vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, y encapsulan a la perfección el espíritu de la reforma que el ejecutivo socialista quiere introducir en el Código Penal. Un planteamiento que coloca al consentimiento activo como árbitro crucial para determinar si ha existido violación en un encuentro sexual o no. Y que por su naturaleza ha provocado un maremoto de reacciones.
La ley en sí misma. Calvo recoge de este modo parte de las reivindicaciones del movimiento feminista y hace suya la emblemática frase "sólo sí es sí", tan común en los días posteriores a La Manada. Dicho de otro modo, el gobierno busca colocar al "consentimiento activo" como un elemento judicial insoslayable a la hora de determinar si hubo violación o no, estrechando ese marco interpretativo de la judicatura. La verbalización de la propuesta es, ahora mismo, lo más polémico.
¿Es novedoso? Es incierto hasta qué punto el "si no hay sí es no" quedará reflejado en el Código Penal. La propuesta debe pasar primero por la pertinente comisión parlamentaria.
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