A pesar de las vacaciones y de la canícula estival, en este agosto asistimos a intensa movilización de los vecinos de la “Asociación Las 1.000 Viviendas de Tres Cantos”. Se trata de una promoción que formó parte del Plan de Vivienda 2005 -2008, surgido de un convenio entre el Ayuntamiento de esa ciudad y la Comunidad de Madrid. Se presentó como una iniciativa de apoyo a los jóvenes menores de 35 años, para la adquisición de la primera vivienda, amparada bajo la figura jurídica de vivienda de protección pública, con arrendamiento inicial y posterior opción a compra, al cabo de 7 años de alquiler continuado.
El convenio se implementó cediendo toda la construcción y promoción a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que ya era propietario del suelo, mediante expropiación convenida, por haberse cedido todos los derechos como agente urbanizador del Plan General de Ordenación Urbana de Tres Cantos. Además, se modificó la calificación de unas parcelas terciarias (oficinas e industria) junto a las vías del AVE, para transformarlas en residenciales.
A poco de andar, se percibió la fragilidad e inconsistencia que padece la figura de “protección oficial” en nuestro país, en perjuicio, no de las empresas precisamente, sino de los ciudadanos.
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