Aviso a navegantes de la solidaridad, en tiempos de excepción y bajo tempestades represivas, el último macrojuicio político en el Estado español duró casi 18 meses, comenzó en noviembre de 2005 y acabó con condenas de 525 años de prisión impuestas por la Audiencia Nacional contra 47 persones. Espejo retrovisor: en el banquillo de los acusados se sentaba la izquierda independentista vasca, política, civil y social, y lo que se condenó fue la lucha política por la independencia. Y no, ni en las acusaciones fiscales ni en los hechos considerados probados no se hablaba ni de explosivos, ni de coches bomba ni de detonadores. Y sí, se hablaba de movimiento popular, de diarios y revistas, de asociaciones y fundaciones. Incluso –paradojas bélicas de Baltasar Garzón– se hablaba de desobediencia civil no violenta al servicio de ETA.
Concurría entonces la perversión de la criminalización colectiva del todo-es-ETA y, finalmente, desde la cocina de los aparatos policiales y judiciales, la sentencia ratificó aquella tesis nacida en las profundidades del Estado. La traducción política de aquella acometida judicial dio pie a más de 239 años de cárcel contra 38 persones –el Supremo rebajó algunas penas– y al apartheid electoral sin el cual Patxi López jamás habría ganado las elecciones. (Paréntesis para los inquisidores ciegos de hoy: habrá que recordarles que cuando aquella izquierda vasca ilegalizada pudo volver a las urnas, lo hizo recogiendo el 25 % de los votos en las elecciones municipales de 2011, convertida en primera fuerza política vasca en número de concejales y concejalas).
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada