La promesa de acabar con la corrupción, tras la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina en 2015, no fue más que eso. El mandato de Jimmy Morales dejó en evidencia las profundas redes de poder que constituyen el sistema político guatemalteco.
El presidente Jimmy Morales ha logrado pasar indemne de las acusaciones de corrupción en su contra y está a punto de expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) -un organismo conformado a solicitud del Estado guatemalteco en 2007-. Dicha comisión ha jugado un papel importante en el desmonte de mafias civiles y militares en distintas instituciones estatales, pero el grupo de poder tradicional que mantiene atrapado al Estado necesita mantener el orden hasta las elecciones del próximo 16 de junio. Las élites no tienen intención de romper con la corrupción y sobreviven en medio de una crisis institucional catalogada por distintos medios comunitarios y movimientos sociales, como un “Golpe de Estado de baja intensidad” o “Golpe en cámara lenta”.
Se proponen aquí algunas dimensiones de análisis que pueden ser el punto de partida para un primer balance de la gestión del presidente “outsider”. La primera y más mediática es la dimensión institucional, relacionada con la continuidad de la corrupción estatal generalizada, el reacomodo de fuerzas de derecha en el escenario político, y la emergencia de una germinal acción ciudadana como alternativa. Todo ello en medio de una crítica situación socioeconómica de la población, con indicadores que siguen empeorando sin atisbos de acción estatal para modificar el rumbo neoliberal del país y con un alineamiento total a las definiciones de los EE. UU. respecto de Centroamérica, en especial, con el control migratorio y la seguridad.
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