Si bien 2018 fue un año electoral que trajo consigo la reafirmación del coloradismo en Paraguay, a través de la elección de Mario Abdo en las elecciones del 22 de abril, el pasado año también fue un momento de eclosión de la movilización ciudadana, con escasos precedentes en el pasado de la historia democrática de la República.
La persistencia de los paraguayos y paraguayas en las calles para sacar de los organismos de representación pública a los políticos “impresentables” reflejó, una vez más, la efectividad de la unidad ciudadana para limpiar las instituciones y devolverlas a la vía de la legalidad y la decencia en la función pública. Y, aunque la lucha fue de los ciudadanos, el recién estrenado Gobierno la redituó como parte de su compromiso anticorrupción, llevando a cabo una política de no intervención para proteger a los políticos manchados por sendos casos de corrupción de su propia filiación partidaria.
Así, sin apenas mover fichas, con una agenda “de estabilidad” y orientada a posicionar al país en el exterior, el Gobierno de Abdo tiene a su favor organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial[i] que parecen valorar su administración obediente y de pocos sobresaltos en su política económica.
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