La exclusión sanitaria que comenzó en 2012 sigue más que vigente con el RDL 7/2018 del PSOE. Así lo advierten desde la Plataforma Yo Sí Sanidad Universal en un texto en el que analizan el documento de recomendaciones mandadas desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez a las comunidades autónomas en cuanto a la ejecución del decreto con el que el Gobierno del PSOE prometía la restauración de la sanidad universal a nuestro sistema sanitario.
Desde Yo Sí Sanidad recuerdan que ya advirtieron al Gobierno de que la redacción de este decreto, que fue aprobado en julio de 2018, “en algunos casos profundizaba la exclusión sanitaria”. “Durante los diez meses que lleva en vigor esta ley, los cambios detectados han ido a peor: han aumentado las restricciones de acceso al sistema sanitario de forma grave”, denuncian desde la plataforma, que lamenta que no se haya hecho caso a sus recomendaciones y que, a pesar de que desde el Ministerio de Sanidad se prometió que los huecos de exclusión sanitaria que dejaba la ley serían cubiertos en el documento de recomendaciones a las comunidades autónomas, finalmente este documento sea “aún más restrictivo”.
Además de la exclusión efectiva del sistema sanitario de toda personas que no pueda demostrar una estancia mayor a 90 días en España, desde Yo Sí Sanidad Universal denuncian que el documento de recomendaciones “inicia una peligrosa senda para convertir a los centros sanitarios en check points, introduciendo medidas basadas en la sospecha, en la disuasión y en la amenaza”.
En el documento enviado a las comunidades autónomas se atribuye al personal sanitario y administrativo la obligación de denunciar casos que perciban de “migración sanitaria”. “Obligar a los profesionales a hacer ese juicio abre la puerta de la inseguridad jurídica al tiempo que criminaliza a todas las personas que se mueven para poder tener una vida un poco más digna. Introduce una sospecha que no se apoya en ningún dato, pues no hay estudios ni análisis que puedan demostrar el mito del turismo sanitario por parte de personas en situación vulnerable”, señalan desde la plataforma. “En todo caso, migrar por necesidades de salud no es un delito y no hay base jurídica que sustente la obligación, por parte de los profesionales de los sistemas sanitarios, de investigar los motivos de la migración de sus pacientes”, añaden.
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