El 7 de abril de 2018, el expresidente Lula fue aprehendido en São Bernardo do Campo y conducido a la sede de la Policía Federal en Curitiba. Se trató de la culminación de un proceso, conducido por los grandes medios de comunicación y por una parte del poder judicial, que se había iniciado poco más de dos años antes con las maniobras que llevaron a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff a través de un impeachment sin crimen de responsabilidad.
El objetivo, en ambos casos, era golpear el proyecto político, varias veces victorioso en las urnas, de traer mayor justicia e igualdad a la sociedad brasileña.
En mayo del año pasado, el papa Francisco, sin referirse explícitamente a Brasil, pero con la mente puesta ciertamente en el país, como pude comprobar en la audiencia que me concedió, denominó a este proceso una "nueva forma de golpe de Estado". Más tarde, el sumo pontífice volvió a tocar el tema al dirigirse a magistrados de países de todo el continente americano, y calificó ese tipo de acción como "lawfare".
Que el proceso que llevó a Lula a la cárcel fue deficiente es algo que ya se sabía desde el principio. Quienquiera que leyera la sentencia del juez Sérgio Moro podía darse cuenta de que en ella se condenaba a Lula por "actos indeterminados" sin que el supuesto beneficio de corrupción —vinculado con el famoso departamento de la costa de São Paulo— se hubiera comprobado jamás. Al contrario: hechos posteriores demostraron claramente que el inmueble jamás perteneció a Lula ni a ningún otro miembro de su familia.
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