Cuando Nayib Bukele tomó posesión como nuevo presidente de E l Salvador el 1 de junio [de 2019] la ceremonia, por primera vez abierta al público, fue más simbólica que trascendente, como otros de los primeros pasos del nuevo gobierno. El acto, que se celebró al aire libre en el centro histórico de la ciudad de San Salvador a pocas calles de distancia del bullicio de los vendedores callejeros y del trasiego de los autobuses de la ciudad, encajaba perfectamente en los mensajes populistas de Bukele y se promocionó ampliamente como el primer atisbo de una “nueva era ” de go bernanza en El Salvador: inclusiv a , accesible y transparent e .
Sin embargo, cuando se cumplen los primeros 100 días de la presidencia de Bukele y empieza a tomar forma la esencia de su gobierno, las organizaciones del movimiento popular salvadoreño advierten de que lejos de cualquier “nueva idea” (de donde toma el nombre el partido de Bukele, Nuevas Ideas) el bukelismo supone una vuelta al demasiado familiar programa neoliberal de reconsolidación de la riqueza y conformidad con el imperialismo, aunque con la nueva imagen de la retórica populista “postideológica” de nuestro tiempo.
Los tres escasos meses en el poder han confirmado los temores del movimiento social. A las pocas semanas de asumir el poder el presidente Bukele emprendió una campaña generalizada de despidos que suprimió cientos de empleos en el sector público con el pretexto de “erradicar la corrupción”. Varias agencias gubernamentales han desaparecido completamente, incluidas aquellas que, irónicamente, eran responsables de la inclusión social, la participación ciudadana y la transparencia del gobierno, precisamente aquello que su nueva era del gobierno había prometido proporcionar. Sin embargo, más allá del perjuicio directo y material a los trabajadores y sindicatos del sector público, el movimiento social teme que estos recortes pongan las bases de un proyecto aún más radical de restructuración del Estado, un proyecto a favor del cual el Fondo Monetario Internacional y la Embajada de Estados Unidos llevan años presionando a través de mecanismos como la propuesta Ley de Sevicios Públicos.
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