Diversos procesos jurídicos que están teniendo lugar en nuestros días ponen de manifiesto la importancia de repensar en el presente la cuestión de la violencia.
Para analizar esta cuestión debemos hacernos cargo de que en el debate contemporáneo nos encontramos al menos con dos posturas sobre la violencia: 1) Aquella que defiende que es legítima si los fines que pretende alcanzar son deseables o 2) Aquella que considera que, venga del lugar que venga (de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de los movimientos sociales), el uso de la violencia pone en peligro la legitimidad de los objetivos que pretende lograr.
Para dar cuenta de la legitimación tradicional del uso de la violencia para conservar el derecho podemos pensar en la formulación del Estado como monopolio de la violencia legítima en teóricos como Max Weber. El uso de la violencia según este autor sería legítimo en la medida en que sea necesario, como último recurso, para mantener el orden. En caso de necesidad —se argumenta— la policía y los militares podrían utilizar la violencia legítimamente para restablecer el cumplimiento del derecho.
Cabría preguntarse entonces: ¿todo orden jurídico exige el uso constante de la violencia para su mantenimiento?
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