El 13 de diciembre, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos hizo pública una dura declaración que criticaba la nueva ley de ciudadanía de la India. Esta Enmienda a Ley de Ciudadanía de 2019 "fundamentalmente discriminatoria" agilizaría la ciudadanía para las minorías religiosas perseguidas de los países vecinos de la India. Pero en la lista de esas minorías, solo se menciona a hindúes, sikhs, budistas, jainistas, parsis y cristianos. No cita a los musulmanes, a pesar del hecho de que ha habido varios casos importantes de musulmanes perseguidos en Pakistán (los ahmadis), en Afganistán (los hazaras) y en Myanmar (los rohingyas). Según la ONU esta ley no solo viola las obligaciones de la India con las convenciones, tratados y pactos internacionales que ha firmado, sino que también viola su propia Constitución
El partido gobernante de la India, el Partido Bharatiya Janata (BJP), dirigido por el Primer Ministro Narendra Modi, presentó este proyecto de ley ante las cámaras baja y alta del parlamento de la India. Aparte de la izquierda y de algunos partidos regionales, la oposición en la cámara baja (Lok Sabha) ha sido débil. En la cámara alta (Rajya Sabha), el proyecto de ley fue aprobado por un pequeño margen: 125 contra 105 votos.
Hay protestas contra la Ley de Ciudadanía en todas partes de la India, y son una muestra representativa de una sociedad indignada por las implicaciones religiosas de esta ley. Hay 200 millones de ciudadanos musulmanes en la India, casi el 15 por ciento de la población; Este proyecto de ley los convierte en ciudadanos de segunda clase. No hay otra interpretación posible de la medida del BJP.
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