Otorgar derechos a la Naturaleza, como sucedió en la Asamblea Constituyente de Ecuador en los años 2007-2008, fue un paso trascendental, impensable y aún inaceptable para muchos.
¡Se repitió la historia! En su momento la emancipación de los esclavos o la extensión de derechos a afroamericanos, mujeres, niños y niñas se rechazaron por considerarse “absurdos”. Incluso cuando se liberó a los esclavos no faltaron quienes reclamaron por las “pérdidas” inflingidas a sus “propietarios”, a quienes, además, se les restringía “su libertad” para comercializaros, utilizarlos, explotarlos… Algo similar pasó al cuestionarse el empleo de niños en Inglaterra a inicios del siglo XIX: los detractores de la propuesta la rechazaban pues -según ellos- socavaba la libertad de contratación y destruía los cimientos del libre mercado.
Sin duda que el “derecho a tener derechos” siempre exige un esfuerzo político para cambiar aquellas normas que niegan esos derechos. La coyuntura del debate constituyente en Chile puede generar cambios de trascendencia histórica a tono con los tiempos que vivimos y con miras a superar las mútiples estructuras de dominación existentes. Una nueva Constitución no puede ser una colcha de remiendos ni pretexto para acallar la protesta social. Una nueva Constitución debe ayudar a superar el pasado, recuperar la larga memoria de los pueblos originarios, construir un presente más justo y de participación democrática y que proyecte la sociedad del futuro.
Recordemos que en toda la historia de la Humanidad el hombre -sí, en masculino- ha buscado dominar a la Naturaleza. Por siglos, la relación sociedades-medio ambiente ha sido marcada por el utilitarismo y la explotación de recursos; la mercantilización de la Naturaleza avanza implacable… provocando tanta destrucción que estamos ya abocados a una terrible catástrofe ambiental.
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