Cuando en marzo de 2014 se aprobó el Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), el gobierno del PP recordó que ingresan las personas “que ordena un juez o tribunal mientras se realizan los trámites pertinentes para poder llevar a cabo la orden de expulsión del territorio español”; el internamiento se produce por razones como la estancia “irregular” (terminología oficial), y por un periodo máximo de 60 días. El portavoz de la Campaña CIEs No en Valencia, Adrián Vives, rebate la definición gubernamental: “Es una cárcel racista para personas inocentes –migrantes- que no tienen papeles”.
El informe del Servicio de Jesuitas Migrantes Discriminación de origen (2019) apunta que 7.855 personas fueron encerradas en los CIE durante 2018, de las que dos tercios procedían de Marruecos y Argelia; el 70% de los internados lo fueron por un expediente de devolución a causa de la entrada considerada “ilegal” en patera. Además de miembro de la Campaña, Adrián Vives es licenciado en filosofía, cursa un máster en derechos humanos y de extranjería, y colabora en la ONG Valencia Acoge en el área de igualdad de trato y no discriminación. Hace un año el Consejo de Ministros aprobó un plan para “mejorar” las instalaciones de los CIE, entre ellos el valenciano de Zapadores; el activista tradujo del siguiente modo la iniciativa en las redes sociales: “Interior reformará la cárcel racista de Valencia para realizar de manera más opaca y sutil la represión contra la población migrante
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