Los indicios son muy claros: la derecha (y su coro tras bastidores: sectores de la ex Concertación) preparan el terreno para una masacre que imponga el orden público.
Más de veinte masacres en nuestra historia consagran el asesinato múltiple como brutal correctivo cuando el pueblo se extralimita en sus intentos históricos por sacudirse de la explotación. Masacrar no significa ningún trauma moral para la oligarquía y sus socios políticos. Derramar sangre indefensa es tarea de las FF.AA. y Carabineros que cumplen la función de sicarios del sistema. La casta política se lava las manos. Acribillar al pueblo para imponer el orden público adquiere contornos de un sagrado deber para los gobiernos de este país. Ese orden es la piedra angular de la sociedad. La función de las Fuerzas Armadas y Carabineros es hacerlo respetar cueste lo que cueste.
Así fue ayer. ¿Así será hoy? Es de temer la continuidad de esta siniestra tradición. No hay antecedentes para suponer que se haya producido una renovación democrática en la doctrina de los cuerpos armados.
Las llagas de las masacres cubren de norte a sur el cuerpo plebeyo de Chile. Algunas fueron masivas como la Escuela Santa María de Iquique, en 1907. El asesino general Roberto Silva Renard, de maldita memoria, ordenó ametrallar a más de tres mil obreros, mujeres y niños. También el siglo pasado -para no ir más lejos- registra las masacres del Seguro Obrero, 1938, en el gobierno del liberal Arturo Alessandri; la masacre en las calles de Santiago del 2 y 3 de abril de 1957, en el gobierno del general (r) Carlos Ibáñez; la José María Caro, 1962, en el gobierno de “los gerentes” de Jorge Alessandri; El Salvador, 1966, y Pampa Irigoin (Puerto Montt), 1969, en el gobierno del democristiano Eduardo Frei; y la peor de todas: la masacre permanente de 17 años del general asesino y ladrón Augusto Pinochet, cuyos partidarios vuelven a exigir la paz de los cementerios.
El imperio del orden público a rajatablas es hoy el tema de la casta política y de los medios de comunicación. Unos y otros acarrean agua para su molino con algunos hechos violentos de sospechosa inspiración y factura. El gobierno, consciente que se encamina a derramar más sangre, ha creado un peaje político para compartir responsabilidades. Exige que los partidos condenen la violencia y pidan restablecer el orden público. La “oposición” lo acepta pero exige a su vez que el gobierno haga uso de sus facultades e imponga el orden público. En buen castellano y sin eufemismos: existe coincidencia entre gobierno y “oposición”. Ambos quieren que las FF.AA. y Carabineros efectúen una operación de escarmiento. El objetivo es parar en seco el proceso insurreccional que han generado la codicia y abusos de los mismos que maniobran para imponer el orden público manu militari.
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