Para ello, insta a los países a que implementen medidas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia y la discriminación en contra de las mujeres, y que tengan en cuenta la desigualdad en las relaciones de poder entre mujeres y varones.
Reconocen que algunos Estados han avanzado algo, y que sus esfuerzos incluyen políticas públicas, decisiones judiciales, legislación, y otras normativas que buscan garantizar a las mujeres el acceso a la justicia y a la salud con perspectiva de género; además, han implementado medidas enfocadas a corregir la discriminación histórica en la vida política, y priorizan el cambio cultural mediante una educación con perspectiva de género.
En concreto, se refieren a Perú, Chile y Argentina, donde ya existen leyes que sanciona el acoso callejero a nivel nacional.
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