A nueve años del inicio de la construcción del Proyecto Integral Morelos, con inversión de las empresas españolas Abengoa, Elecnor y Enagás, más de 80 comunidades de los alrededores del volcán Popocatépetl mantienen un pulso con las autoridades mexicanas para que detengan el proyecto y repare a los habitantes afectados
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| Juan Carlos Flores, Samantha César y Teresa Castellanos en Madrid, a la salida de su reunion en el Ministerio de Economia.
El volcán más grande de México es el Popocatépetl. A sus pies colindan varios Estados de la república mexicana, entre ellos Puebla, Tlaxcala y Morelos. Durante muchos años durmiente, volvió a tener actividad en 1994. Grandes fumarolas de gas y cenizas son cotidianas, también su actividad sísmica. Movimientos de tierra acompañan las actividades diarias de sus miles de habitantes. En 2011, en este área comenzó la construcción del Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye dos temoeléctricas de ciclo combinado y gran capacidad, un gasoducto y un acueducto, con participación de las empresas españolas Abengoa, Elecnor y Enagás, y la italiana Bonatti.
Durante la primera quincena de marzo tres de sus activistas, defensores del derechos humanos y ambientales, Samantha Vargas, Teresa Castellanos y Juan Carlos Flores, visitaron Madrid, Barcelona, Zaragoza y Bilbao con un agenda que incluyó reuniones con organizaciones sociales y ambientalistas, así como citas en el FIEM, el Ministerio de Asuntos Exteriores y con grupos políticos en el Congreso, para exponer los agravios, presentar documentación e informar sobre la situación que viven los habitantes de las localidades afectadas por el PIM.
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