En diferentes contextos, cada cual con su forma particular de intersección de sistemas de opresión y organización de dominios del poder, siempre han existido resistencias y luchas compartidas por el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias por razón de género. Por más que existan discursos que niegan, justifican y/o normalizan estas violencias que sí tienen género, contamos con décadas de producción de conocimiento feminista y luchas que han impactado en el marco nacional e internacional de protección de los derechos humanos.
En España nos encontramos en un momento decisivo en el que se pueden producir cambios legislativos que sean un primer paso para que se protejan, cumplan y garanticen los derechos humanos de todas las mujeres y para que el Estado español actúe con debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar, reparar y otorgar medidas de no repetición en los casos de violencia por razón de género en sus diferentes manifestaciones. Me refiero a un primer paso porque, como hemos aprendido, la legislación es necesaria, pero debe ir acompañada de una formación especializada para que no sea interpretada con prejuicios, mitos y estereotipos de género que son contrarios a los derechos humanos y obstaculizan el acceso a la justicia de las mujeres.
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