La justicia social tiene como una de sus tareas pendientes el traducir sus principios y criterios normativos a las sociedades democráticas. Esto normalmente se logra por medio de diferentes políticas y diseños institucionales que tienen por meta garantizar lo que se les debe a los ciudadanos en virtud de su igual dignidad.
Uno de los mejores ejemplos de un trabajo que busca la realización de dicha tarea ha sido realizado por el filósofo belga Philippe Van Parijs, a través de su propuesta de la renta básica universal. Esta propuesta consiste en la asignación universal e incondicionada de cierta cantidad de dinero a todos los ciudadanos como forma de asegurar su “libertad real”. Esto implica que todos los miembros de una sociedad, pobres y ricos, recibirán un monto de dinero igual, que si bien no será mucho, les permitirá tener un mínimo asegurado. Como la estructura impositiva se mantiene, los sectores mejor situados “devuelven” este monto al Estado por medio de los impuestos a la renta que los afectan. Van Parijs explica que esta dinámica es más eficiente porque reduce toda la burocracia y multiplicidad de controles que supondría generar una medida exclusivamente destinada a los sectores más vulnerables de la sociedad
Por lo tanto, una vez que se asigna la renta básica y se recauda por los impuestos a la renta que afectan a los sectores más beneficiados de la sociedad, son los más vulnerables quienes terminan siendo protegidos en última instancia. Esto también permite que las políticas sociales destinadas a paliar la pobreza sean retiradas, ahorrando el Estado en los costos burocráticos que suponen su implementación. Detrás de la medida hay una justificación de eficiencia, y una justificación normativa; en particular esta última consiste en asegurar la libertad de los ciudadanos, de ahí el título del trabajo de Van Parijs, Libertad real para todos.
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