La crisis desatada por el COVID-19 merece respuestas en las que el Estado es un actor imprescindible. Aquí analizamos el contraste entre Brasil y Argentina.
América Latina comienza a reaccionar en términos económicos a la peor crisis planetaria de los últimos tiempos, desatada por el COVID-19. Si bien es normal que la región vaya respondiendo mientras avanza la pandemia, las primeras respuestas de los gobiernos muestran no estar a la altura de la crisis. Primero, porque los montos totales que se están manejando hasta el momento son insuficientes: Argentina y Brasil no superan el 2% del PIB, mientras que Chile, quien plantea el plan más ambicioso, propone una del 4,7% del PIB. Segundo, porque no es lo mismo movilizar recursos que gastar en la gente.
La movilización de recursos significa que el Estado decide colocar liquidez en la economía, ya sea a empresas o ciudadanos, pero siempre con una contraprestación: creando una deuda (crédito) o simplemente adelantando un ingreso que estaba previsto en los sistemas previsionales en meses futuros. En cambio, gastar es generar liquidez en el sector privado sin que ello genere una contraprestación: es decir, con aumento de las ayudas sociales, creando empleo público o, directamente, asignando una renta básica. Estamos convencidos que ambas son necesarias, pero las dimensiones deben ser diametralmente diferentes para garantizar la recuperación.
Gasto público, gasto en la gente
Pocas veces (como en una guerra) una crisis rompe el circuito económico de oferta y demanda como hoy está ocurriendo; los oferentes no pueden producir y los demandantes no puede consumir. En la práctica, el sistema económico está en condición de guerra. Esto quiere decir que la situación no se soluciona con medidas de “confianza” en los mercados, ni incentivos privados para que se reactive la inversión ni “ajustes del cinturón”, como muchas cámaras empresariales en la región ya sugieren sin sentido. La salida no es neoliberal; lo único que nos devolverá el crecimiento es el déficit fiscal, puro y duro, con gastos ambiciosos en rentas que lleguen a la gente y que permitan que se restablezca el actual cortocircuito económico de la demanda y de la producción.
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