Este 28 de julio «celebramos» el 10º aniversario de la resolución de la ONU que reconoce el derecho humano (universal, indivisible e imprescriptible) al agua potable y al saneamiento. Desgraciadamente, la situación es tal que la vida ha evolucionado como si la decisión aprobada por la más alta organización política de la comunidad internacional nunca hubiera existido: 2.200 millones de personas no saben lo que es el agua potable y 4,2 no tienen acceso a retretes y servicios higiénicos; más de 9 millones de niños menores de 5 años mueren cada año debido a enfermedades causadas, entre otras cosas, por la falta de agua potable. ¡Lavarse las manos es un acto imposible para cientos de millones de personas con las consecuencias que conocemos en esta época de pandemia!
El agua apta para el uso humano es cada vez más escasa: muchos de los ríos, lagos y napas freáticas más importantes del mundo están muriendo, desecados por extracciones de agua muy superiores a su capacidad natural de renovación (en cantidad y calidad), envenenados por la contaminación y la polución, asfixiados por los desechos… Las sequías estructurales están afectando a un número cada vez mayor de regiones del mundo (¡incluyendo el Amazonas!). La tierra se está desertificando, y la devastación de los bosques juega un papel importante. Por último, varias ciudades importantes del mundo (de Nueva York a Nairobi, de Tokio a Dhaka…) están seriamente amenazadas por las inundaciones debido a la subida del nivel de los mares. Yakarta, por ejemplo, ya está siendo abandonada
En este contexto, hablar del derecho al agua y al saneamiento es un eufemismo. De hecho, los «expertos», los líderes políticos y empresariales, sólo hablan de la escasez de agua en el mundo. En una forma engañosa, culpan de la escasez al crecimiento de la población mundial y al cambio climático (lo cual es sólo parcialmente correcto).
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