La discusión en torno del regreso a clases se plantea, por lo general, desde el interés económico, ya que mientras los padres deban permanecer en casa para cuidar a sus hijos, los países parecen encontrarse en un estado de parálisis laboral casi absoluta. Por ello, los gobiernos en su empeño por regresar a una normalidad todavía utópica, apuestan por la apertura de escuelas, colegios y universidades con la ilusión de haber vencido –o por lo menos reducido- los efectos de la pandemia. Enviar a los estudiantes a los establecimientos educativos permitiría a los padres regresar a sus puestos de trabajo, con lo cual se daría el impulso necesario a la productividad para evitar un total colapso de los indicadores económicos.
Sin embargo, este tipo de acciones afirmativas no necesariamente se basan en los intereses prioritarios de la niñez. Es decir, este segmento de la población resulta, en estos casos, un factor secundario; y los efectos que pueda sufrir al exponerlo a situaciones de vulnerabilidad, suelen ser vistos como consecuencias marginales ante la preponderancia de la puesta en marcha de la maquinaria productiva. En países como los nuestros, la infraestructura educativa es débil y carece, por lo general, de las condiciones de seguridad sanitaria adecuadas. La mayoría de escuelas públicas –urbanas y rurales- en donde estudia el grueso de la población infantil, están desprovistas de recursos para garantizar el bienestar y la salud del alumnado, al extremo de ni siquiera contar con una provisión segura de agua potable e instalaciones sanitarias. En los países menos desarrollados, además, ni alumnos ni maestros cuentan con la tecnología ni los recursos para utilizar una plataforma virtual capaz de reemplazar la presencia física en las aulas, por lo tanto de no acudir a clases quedan totalmente marginados del sistema educativo.
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