Las redes sociales que ayudaron a alzar a la presidencia de Brasil a Jair Bolsonaro aparecen ahora como un factor del deterioro de su gobierno amenazado con un fin anticipado, dos años y medio antes de su término oficial, informa Mario Osava (IPS) desde Río de Janeiro.
Más de mil organizaciones sociales y sindicales entregaron el 14 de julio de 2020 a la Cámara de Diputados un pedido colectivo de inhabilitación política del presidente Jair Bolsonaro, acusándolo de un conjunto de «crímenes de responsabilidad», por los daños causados por su gobierno a la salud pública, el ambiente, los indígenas, la cultura, la economía, los derechos laborales y la imagen externa de Brasil
Los medios que en las elecciones sumaban votos ahora «fragmentan incluso la base de apoyo político» del gobierno de extrema derecha y exponen los diseminadores de informaciones falsas a incriminaciones judiciales, resumió João Guilherme dos Santos, doctor en Comunicación e investigador del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Democracia Digital.
La campaña electoral de Bolsonaro para las elecciones de octubre de 2018, que lo colocaron en la presidencia el 1 de enero siguiente, usó mucho a WhatsApp, una red encriptada que no permite el rastreo y dificulta así determinar la responsabilidad del delito informativo.
Investigaciones sobre el abuso de esos medios digitales por los hijos, asesores y aliados del presidente, para difusión masiva de falsedades y difamaciones, están en marcha desde el año pasado en el Supremo Tribunal Federal (STF), el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el legislativo Congreso Nacional.
El peligro más cercano está en el TSE que puede juzgar en los próximos meses los pedidos de impugnación del triunfo electoral de Bolsonaro y su vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourão, si se comprueba la financiación ilegal de la campaña que se basó en muchas mentiras difundidas por las redes sociales.
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