El 1 de julio, al contrario de lo que había anunciado y defendido su primer ministro, Israel no inició la incorporación unilateral del 30% de Cisjordania. El plan, que ha sido objeto de críticas por parte de la comunidad internacional y no contaba con el consenso de todo el Gobierno, queda en suspenso.
Ni los socios de gobierno, provenientes de la coalición Kahol Lavan (Azul y Blanco) estaban conformes con las intenciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de marcar en la historia del conflicto palestino-israelí el 1 de julio de 2020 como el día en que Tel Aviv iniciaba la anexión del 30% de Cisjordania. Así, ni el ministro de Defensa Benny Gantz —rival de Netanyahu en las tres citas electorales transcurridas en un año— ni el ministro de Exteriores, Gabi Ashkenazi, avalaban el plan Netanyahu para declarar bajo soberanía israelí más de un centenar de asentamientos, donde viven unos 400.000 colonos, y el Valle de Jordán, decisión que implicaba la pérdida de un 30% de territorio para Cisjordania.
Más allá de la obvia impugnación de esta decisión por parte de la población palestina, que alerta de que esta anexión imposibilitaría el camino de los dos Estados, entre los colonos hay quienes han manifestado su incomodidad con el proyecto. Enmarcado en el plan de paz para oriente medio presentado por Donald Trump el pasado enero, una estrategia que ha sido contestada por su alienación con los intereses israelíes —al amparo de una administración estadounidense que, por primera vez y en contra del criterio internacional, reconoce como legales los asentamientos en territorio ocupado—, el pacto prevé la formación de un Estado palestino en el espacio restante.
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