dissabte, 18 de juliol del 2020

Tren Maya transgrede derechos humanos y no fomenta conservación del patrimonio biocultural: CEMDA


En México existe una situación generalizada de violencia, impunidad y corrupción que genera y perpetúa una serie de violaciones a diversos derechos humanos de personas y comunidades en el país.

Dichas violaciones suelen circunscribirse en el marco del desarrollo de megaproyectos, en gran parte por la existencia de una política económica y social que carece de perspectiva de sustentabilidad y pertinencia biocultural, misma que se traduce en un consumo desmedido de los recursos naturales, lo que ocasiona la destrucción del capital natural, deforestación, erosión de suelos, desertificación, así como contaminación del agua y del aire. Es posible decir que los megaproyectos o «grandes proyectos de desarrollo» representan procesos de inversión de capital público y/o privado, nacional o internacional, para la creación o la mejora de la infraestructura física y que implica la transformación a largo plazo de las actividades productivas, cambios en el uso de la tierra y de los derechos de propiedad





En México, muchos de estos megaproyectos se encuentran planeados, aprobados y ubicados en áreas rurales donde se encuentra parte significativa del patrimonio biocultural del país y en donde habitan comunidades indígenas y campesinas. A causa de la política económica y social que prevalece, se están generado diversas violaciones a los derechos humanos colectivos, puesto que no se respetan ni garantizan derechos humanos como la autonomía, el territorio, el acceso tradicional a los recursos naturales, el medio ambiente sano, así como el acceso a la información, a la consulta y demás derechos vinculados

Aunado a lo anterior, la falta de acciones efectivas por parte del Estado para asegurar la compatibilidad de los proyectos de desarrollo con las poblaciones afectadas, aumenta el nivel de conflictividad en relación con los megaproyectos, causando graves problemas sociales como son la violencia e inseguridad jurídica, propiciando ataques a las personas defensoras de los derechos humanos ambientales.

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