Más de 170 organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales piden al Gobierno de coalición que cumpla su promesa y derogue la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, utilizada en el estado de alarma para imponer propuestas de sanción a un millón de personas.
El 30 de marzo de 2015 fue aprobada y el 1 de julio de aquel año entró en vigor. La Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, lleva cinco años en el ordenamiento jurídico español y ha sobrevivido a cuatro campañas electorales, en las que las promesas de reforma o derogación han estado siempre presentes.
Lejos de cumplir con esas promesas, la Ley Mordaza ha sido utilizada por el Gobierno durante el estado de alarma como base jurídica para imponer propuestas de sanción a un millón de personas.
Tras cinco años desde su entrada en vigor, “la Ley Mordaza sigue campando a sus anchas”, denuncia la coalición formada por Amnistía Internacional, No Somos Delito, Defender a Quien Defiende, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España y Greenpeace. En un manifiesto firmado por otras 170 organizaciones, señalan que desde la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana “los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica, información y manifestación, han sufrido un claro retroceso”.
En el caso de las denuncias y sanciones durante el estado de alarma, estas organizaciones ponen en duda que este marco jurídico garantice “los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los estándares internacionales”. Una afirmación que se ha visto confirmada en centenares de vídeos y noticias de abusos policiales.
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