La pasada semana se hizo pública en Paraguay la sentencia por la matanza de Curuguaty, aquel extraño suceso ocurrido en junio de 2012 en el que once policías y seis campesinos murieron a balazos cuando las fuerzas de seguridad trataban de desalojar unos terrenos baldíos ocupados por colectivos agrarios. En Paraguay, la propiedad de la tierra responde a claves feudales. La nación guaraní sigue siendo, como escribiera Augusto Roa Bastos, un lugar de hombres sin tierra y tierra sin hombres.
El proceso judicial ha sido tan oscuro como la propia tragedia. Once personas, todas campesinas, han sido condenadas, algunas de ellas a penas de prisión que oscilan entre 35 y 18 años. El juicio, plagado de irregularidades y con los acusados en clara situación de indefensión, no aclaró la principal interrogante: ¿quiénes y por qué recibieron a tiros a los policías cuando desalojos similares se llevaban a cabo con frecuencia sin que ocurriera ningún tipo de incidente?
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